Desde que se instauraran los
gobiernos regionales en el país el año 2013, cada periodo de cuatro años, hemos
visto todos los peruanos los cambios de lemas de la gestión. En el caso de
Amazonas: Periodo 2003-2006 “Integración y desarrollo”; periodo 2007 -2010
“Construyendo un nuevo Amazonas”, 2011-2014 “Igualdad de oportunidades para
todos”, 2015-2018 “Justo y Solidario”. La política y la gestión son más allá de
los lemas.
¿Qué es integración, desarrollo,
construcción, igualdad, justicia y solidaridad? Además de que algunas de las
frases son valores, otros tienen que ver con acciones y las acciones cuentan
con una base de referencia los indicadores, que de acuerdo a las nuevas
herramientas de la gestión pública, son la clave para alcanzar estándares de
calidad al servicio del ciudadano.
En los últimos 12 años de vigencia
del proceso de descentralización (hecho que actualmente se minimiza con normas
centralistas que limitan las independencias administrativas regionales), muy
poco se ha avanzado para el cumplimiento de las metas. Las inequidades sociales
son alarmantes, la pobreza total supera al 60% de la población, menos del 40%
del territorio regional cuenta con vías de comunicación y la mayoría de ellas en
estado de trocha, el 2% de las ciudades y poblados cuentan con agua potable y
segura, más del 40% de la población no accede a los servicios de salud básica,
menos del 40% de niñas y niños en edad escolar inicial asisten a las escuelas,
los logros de aprendizaje son pocos y extremos en el territorio awajum –
wampis. Para no continuar con cifras que escarapelan la piel, terminamos con
dos indicadores críticos: el 1,1% de la población total es profesional y el
0,8% está contagiado con el SIDA (por casos registrados y los potenciales
portadores no identificados por el sistema).
Entonces para que los lemas se
cumplan, la clase gobernante tiene que desarrollar estrategias de intervención
que permita que el discurso político se haga realidad mediante la intervención
presupuestal. De acuerdo a los cálculos monetarios, el departamento de Amazonas
tiene un déficit presupuestal aproximado de 2´500 millones de dólares para que
nuestras carreteras estén asfaltadas y similar monto en proyectos de agua y
saneamiento. Es decir invirtiendo todo el presupuesto exclusivamente en estos
dos rubros y teniendo en cuenta que nuestro presupuesto para obras son 340
millones anuales, tendremos que esperar 20 años para alcanzar el desarrollo y
la integración y para ese tiempo, habremos abandonado a la educación, la salud,
la seguridad alimentaria, entre otros.
La política es el arte de servir y
del bien común; al mismo tiempo de analizar nuestras posibilidades y
oportunidades en un mundo de competencias territoriales, por lo que además de
la formulación de planes operativos, presupuesto multianual, se tiene que
proponer el sinceramiento de las reformas en materia de descentralización.
En este contexto, con las
modificaciones a las normas presupuestales, Amazonas es la más perjudicada. El hecho
mismo de no contar con canon, sobre canon o derecho de servidumbre por el
oleoducto, la falta de conectividad, hace que cumplamos “al pedem literae” las
disposiciones y como tal, seguir con obras en proceso, en ejecución y las que
son de prioridad, que ataquen nuestros males sociales y territoriales como
pobreza, analfabetismo, etc., seguirán siendo el lastre y la lata que
arrastremos en nuestra conciencia política.
URGE de la sociedad civil y clase
política en todos sus niveles la implementación de mesas de debate y reflexión
que permita técnicamente evaluar nuestras posibilidades de desarrollo, integración,
justicia, solidaridad, construcción e igualdad, para que como “pueblo”
nos levantemos de nuestras cenizas y las frases o slogan de gobierno sean más
que buenas intenciones.
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